Efectos negativos de la Ley de Vivienda en Canarias tras un año de vigencia: precios en máximos históricos y reducción de la oferta de alquiler
Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en España, los efectos negativos en el mercado inmobiliario empiezan a hacerse evidentes. Pese a las supuestamente buenas intenciones detrás de la normativa, el resultado ha sido un aumento de los precios y una disminución significativa de la oferta de viviendas en alquiler.
Aumento de los precios de alquiler hasta un 15%
Tal y como anunciaron los operadores del mercado inmobiliario y los expertos en economía, los precios de los alquileres han experimentado un incremento en muchas zonas del país. Según datos del portal inmobiliario Idealista, los precios han subido un 8% en promedio a nivel nacional, con picos de hasta el 12% en ciudades como Madrid y Barcelona. En Canarias, el precio por metro cuadrado de vivienda en alquiler se sitúa en máximos históricos: 14€/m2. Este fenómeno se atribuye, en parte, a la retirada del mercado de muchos propietarios que prefieren dejar sus viviendas vacías o venderlas ante las restricciones impuestas por la ley.
Un 30% menos de viviendas en alquiler
La oferta de viviendas en alquiler ha disminuido considerablemente. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de viviendas disponibles para alquilar ha caído un 15% desde la implementación de la ley. Esta reducción se debe a que muchos propietarios, preocupados por la regulación de precios y las nuevas protecciones a los inquilinos, han optado por vender sus propiedades o retirarlas del mercado de alquiler.
La Federación Nacional de Asociaciones inmobiliarias (FAI), por su parte, maneja datos que indican que la oferta de vivienda para alquiler habitual ha caído un 30,5 % por la huida de dueños de vivienda tradicional, en su mayoría pequeños propietarios.
Reacciones del sector inmobiliario
Asociaciones de propietarios y sectores del mercado inmobiliario han manifestado su preocupación por estos efectos. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, declaró que «las restricciones y limitaciones impuestas por la ley han creado un clima de incertidumbre entre los propietarios, que prefieren no arriesgarse a alquilar sus viviendas bajo estas condiciones». Esta postura es compartida por muchos inversores, que ven en la ley un obstáculo para la rentabilidad de sus propiedades.
El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi), Rafael Tarajano, criticó los «vaivenes» del Gobierno regional a la hora de afrontar el problema de la vivienda y le pidió que deje de lanzar «mensajes electoralistas» en contra de la inversión en este mercado y tome medidas que «sirvan de verdad» para sacar pisos al mercado del alquiler y dar solución a miles de familias.
La intervención política en el mercado inmobiliario ha traído, sin lugar a duda, un empeoramiento en las condiciones de las familias para acceder a la vivienda, ya sea en alquiler o en compra. Suben los precios y baja la oferta, porque propietarios e inversores están directamente amenazados por las políticas gubernativas, que lo sitúan injustamente en la diana del enfado social, cuando lo cierto es que los gobiernos, de todos los colores, no han hecho absolutamente nada en la última década por la vivienda. Y cuando han hecho algo, ha sido negativo, como demuestra la propia Ley de Vivienda y sus resultados tras su primer año de vigencia.
Impacto en los inquilinos
Los inquilinos son los que se han visto afectados más negativamente. La disminución de la oferta ha hecho que encontrar una vivienda en alquiler sea más difícil y costoso. Yaiza García, una joven profesional que busca piso en Las Palmas de Gran Canaria, asegura que «encontrar un alquiler asequible se ha vuelto una misión imposible; los precios son altísimos y hay muy pocas viviendas disponibles». Esta situación contrasta con el objetivo original de la ley, que era precisamente facilitar el acceso a la vivienda.
Debate político y futuro de la ley
El debate sobre la Ley de Vivienda se ha intensificado en el ámbito político. Partidos de la oposición han criticado duramente la normativa, acusando al Gobierno de haber empeorado la crisis de vivienda. Desde el Ejecutivo, sin embargo, se defienden argumentando que la ley necesita más tiempo para mostrar sus beneficios y que se están considerando ajustes para mitigar sus efectos negativos.
Conclusión
Al cumplirse un año de la aprobación de la Ley de Vivienda, sus efectos negativos en el aumento de los precios de alquiler y la reducción de la oferta de viviendas son cada vez más palpables. Tanto propietarios como inquilinos se han visto perjudicados, y el mercado inmobiliario español enfrenta un período de incertidumbre. Será crucial que el Gobierno y los legisladores trabajen en soluciones efectivas para corregir estos problemas y lograr un equilibrio que realmente beneficie a todos los actores involucrados en el mercado de la vivienda.
Lo que está claro es que castigando a propietarios e inversores, señalarlos como parte del problema, cuando son parte de la solución y enfrentando a caseros e inquilinos, como se ha hecho hasta ahora, no se van a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda para quienes ahora mismo no pueden.
Es aumentando la oferta y proporcionando seguridad jurídica a propietarios e inversores, como vamos a lograr que haya más vivienda disponible en alquiler, y por tanto, bajen los precios al equilibrarse oferta y demanda.
Ah, y también hay que construir mucha, mucha vivienda. Pero esto requiere inversión. Y amenazando a los inversores no se logra atraerlos, desde luego.
