El sector de la vivienda en Las Palmas, en Canarias, y en toda España, enfrenta un desafío sin precedentes. La escasez de mano de obra, la falta de suelo y los trámites burocráticos están frenando la construcción de nuevas viviendas, agravando una crisis que ya es considerada el principal problema social del país.
En Las Palmas, y el todo el país, el acceso a la vivienda, tanto en compra como en alquiler, se ha convertido en un desafío cada vez más acuciante. Expertos y representantes del sector inmobiliario coinciden en que la única solución viable pasa por aumentar la construcción de viviendas nuevas. Sin embargo, este objetivo se ve obstaculizado por una serie de factores que limitan la capacidad del sector para responder a la demanda.
En un reciente encuentro organizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas, los promotores inmobiliarios alertaron sobre la gravedad de la situación. Según sus estimaciones, el déficit de viviendas en España oscila actualmente entre 600.000 y 700.000 unidades, y de no tomarse medidas urgentes, esta cifra podría superar los 2,7 millones para 2039. En algunas zonas, como Las Palmas y toda Canarias, la situación es aún peor.
Un problema estructural que no deja de crecer
Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), fue claro en su diagnóstico: «El problema es que faltan viviendas. El mercado de segunda mano ayuda, pero no es suficiente. Si no construimos más, el déficit no solo no se reducirá, sino que seguirá aumentando». Vilajoana subrayó la necesidad de impulsar la construcción en todos los niveles: vivienda social, vivienda asequible y vivienda libre, tanto para compra como para alquiler.
Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, respaldó esta visión y añadió que la creación de viviendas nuevas es clave para dinamizar la economía. «Las viviendas usadas no generan el mismo impacto económico que las nuevas. La construcción es un motor de empleo y crecimiento», afirmó.
Obstáculos que frenan el desarrollo
Entre los principales desafíos que enfrenta el sector, Salcedo destacó la falta de suelo disponible, los plazos excesivos para obtener licencias y la escasez de mano de obra cualificada. Mientras que en el pasado los proyectos de construcción podían completarse en 15 o 18 meses, hoy en día el proceso se extiende hasta los 36 meses de media. Además, los costes de construcción siguen siendo elevados, lo que dificulta aún más la viabilidad de los proyectos.
Vilajoana también hizo hincapié en la falta de trabajadores capacitados, afirmando que «no tenemos suficiente mano de obra para duplicar la producción de viviendas». Asimismo, criticó la lentitud de los desarrollos urbanísticos, que pueden tardar hasta 16 años en materializarse, y cuestionó la capacidad de planificación a largo plazo en un contexto tan cambiante.
Falta de inversión y consenso político
Otro de los puntos destacados durante el evento fue la insuficiente inversión pública en vivienda. España cuenta con un parque de viviendas sociales muy inferior al de otros países europeos, lo que agrava el problema. Vilajoana también criticó la falta de visión a largo plazo de los políticos, quienes, en su opinión, priorizan las próximas elecciones sobre las necesidades futuras de la sociedad.
El presidente de APCE propuso una solución concreta: modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir que los ayuntamientos utilicen los 40.000 millones de euros que actualmente tienen bloqueados en depósitos. «Los ayuntamientos son los principales tenedores de suelo. Si se movilizaran esos fondos, podrían impulsarse proyectos de vivienda de manera más eficiente», argumentó.
Regulación y mercado del alquiler
La rigidez normativa también fue objeto de crítica durante las jornadas. Los expertos coincidieron en que la falta de consenso político para reformar la Ley del Suelo y la complejidad del marco regulatorio están desincentivando la inversión en el sector. Además, se señaló que los constantes cambios legislativos y la inestabilidad normativa han encarecido los costes y alargado los plazos de los proyectos.
En cuanto al mercado del alquiler, Jordi Jofre-Monseny, profesor de la Universidad de Barcelona, criticó el enfoque regulatorio actual. Según él, medidas como el tope a las rentas han desplazado la oferta hacia modalidades como el arrendamiento turístico o de temporada, reduciendo aún más la disponibilidad de viviendas en alquiler. Jofre-Monseny abogó por limitar las subidas de los alquileres al IPC, pero también por implementar medidas complementarias, como una fiscalidad más favorable y seguros públicos para arrendadores.
Una crisis que requiere soluciones urgentes
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, cerró las jornadas con un llamado a la acción. «Sin más oferta, no se puede cubrir la demanda. Necesitamos discusiones serias y soluciones concretas», afirmó. Pich defendió al sector promotor, recordando que, antes de la crisis, los promotores eran vistos como un ejemplo, mientras que hoy son criticados de manera injusta.
En definitiva, la crisis de la vivienda en Las Palmas, en Canarias, y en toda España, es un problema estructural que requiere de un enfoque integral y consensuado. Sin una mayor inversión, una regulación más flexible y un aumento en la producción de viviendas, el déficit seguirá creciendo, afectando cada vez a más ciudadanos.
