Un reciente informe de la Universidad de las Hespérides (Canarias) advierte sobre los efectos negativos de las políticas actuales de vivienda y pone el foco en los obstáculos estructurales que impiden el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado español.
Según este estudio, España acumula un déficit de más de 423.000 viviendas de obra nueva. Este desequilibrio, que se ha ido gestando durante la última década, está vinculado tanto a barreras administrativas en los desarrollos urbanísticos como a la escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Los plazos medios para la obtención de licencias y la recalificación del suelo superan los 14 meses, lo que frena significativamente la capacidad de respuesta del sector.
Desde la universidad canaria advierten que la situación laboral en la construcción es especialmente preocupante: una plantilla envejecida y la falta de profesionales formados están limitando el ritmo de producción de nuevas viviendas.
Un esfuerzo desproporcionado para alquilar
El informe también analiza la evolución del precio de la vivienda en la última década. Desde 2013, el valor de los inmuebles ha subido un 53%, mientras que los precios del alquiler han crecido entre un 7% y un 8% anual desde 2015.
Este aumento ha colocado a España en una posición delicada dentro del contexto europeo: casi un 40% de los hogares que viven de alquiler destinan más del 40% de sus ingresos a esta partida, situándose como el país con mayor esfuerzo económico para alquilar de toda la Unión Europea.
El mercado del alquiler en España representa actualmente el 18,7% del total de hogares, y se caracteriza por una elevada presencia de pequeños propietarios y una escasa oferta de alquiler social, que apenas alcanza el 1,5% del parque de vivienda.
El control del precio del alquiler, en el punto de mira
La Universidad de las Hespérides también pone en cuestión los efectos de las medidas de control del alquiler, especialmente en ciudades como Barcelona, donde según sus datos, estas políticas han provocado una reducción del 15% en la oferta disponible y un deterioro generalizado del estado de las viviendas alquiladas.
«Las limitaciones de precio, aunque bienintencionadas, terminan restringiendo la oferta y desincentivan el mantenimiento y mejora de los inmuebles», apuntan los autores del informe. En consecuencia, las familias con menores ingresos, que en teoría deberían beneficiarse de estas políticas, se ven aún más excluidas del acceso a una vivienda digna.
Sobre el alquiler vacacional, el documento reconoce que puede generar tensiones en zonas muy turísticas o de costa, pero matiza que a nivel nacional representa apenas el 1,5% del mercado inmobiliario y no es un factor determinante en la evolución general de los precios.
Propuestas para abordar un problema de fondo
El diagnóstico de la Universidad de las Hespérides es claro: España sufre una serie de disfunciones estructurales tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler, que impiden que una parte considerable de la población acceda a una vivienda en condiciones.
Frente a esto, el informe propone un paquete de medidas con enfoque integral. Entre las recomendaciones destacan:
- Reforzar la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.
- Impulsar un mercado de seguros de alquiler que proporcione mayor certidumbre.
- Agilizar los trámites administrativos y judiciales, acortando tiempos y reduciendo burocracia, por ejemplo, mediante declaraciones responsables.
- Desarrollar mecanismos de compensación para propietarios que alquilen a colectivos vulnerables.
- Apostar por la rehabilitación del parque existente, aprovechando fondos europeos y bonificaciones fiscales.
- Formar nuevos profesionales del sector de la construcción para rejuvenecer la plantilla y asegurar su continuidad.
- Diseñar un modelo territorializado, con soluciones adaptadas a la realidad específica de cada comunidad o municipio, evitando recetas homogéneas que no resuelvan los problemas reales del territorio.
Los autores del estudio concluyen que para garantizar un acceso real y sostenible a la vivienda en España es imprescindible un cambio de rumbo: combinar reformas estructurales con incentivos a la inversión y una gestión eficiente de los recursos. Solo así será posible construir un mercado inmobiliario equilibrado, resiliente y accesible para todos.
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